Cuando publiqué el Vademécum de oposiciones y concursos, como compendio ordenado de los criterios jurisprudenciales en materia de oposiciones y concursos, no esperaba la tremenda acogida que recibió. Pronto se convirtió en un libro de cabecera de compañeros letrados que tenían que lidiar con cuestiones de legalidad, abusos e irregularidades que afectaban a convocatorias, baremos, ejercicios, entrevistas y cuestiones conexas de los procedimientos selectivos de empleados públicos.
La obra quedó cerrada en noviembre de 2016 y desde entonces, reiteradamente me solicitaban urgente actualización, con insistencia que me complacía. Finalmente, transcurridos dos años -que es un período razonable para apreciar un fruto notable de sentencias novedosas sobre la materia-, afronté con dedicación el reto y el resultado ya lo tengo en las manos: la cuidada 6º Edición, con jurisprudencia y comentarios actualizados hasta el 2019 que arranca. El expurgo y análisis de sentencias del Supremo y las Salas contencioso-administrativas sobre esta materia cubre los dos últimos años y las mas significativas han sido volcadas a esta nueva edición acompañado de algunos epígrafes adicionales para colmar puntuales lagunas anteriores, alzando un ambicioso índice, representando lo añadido un centenar más de páginas que la anterior edición (550 páginas).
El resultado ya está en las librerías jurídicas habituales (distribuidora Salamanca Books ) y puede obtenerse el envío a golpe de click aquí. Ahora dejo la explicación que sirve de justificación a la actualización, tal y como la he incorporado al inicio de esta 6ª edición corregida y aumentada.
Unas palabras previas a la edición 2019 
La letra del Estatuto Básico del Empleo Público se mantiene constante en los principios y reglas de la selección de empleados públicos, tanto en su formulación inicial allá por el año 2007 como en su confirmación en el texto refundido de 2015.
Ha correspondido a la jurisprudencia interpretar su alcance, completar sus lagunas y zanjar los conflictos triangulares que suelen subyacer en los litigios selectivos: el de la administración en reclutar al idóneo, el del aspirante que desea la plaza o puesto y el del aprobado que quiere conservarlo.
El terreno selectivo es un procedimiento vivo y jurídicamente muy rico: las convocatorias como actos generales con vocación de ley reguladora, los derechos de igualdad de todos los competidores ante unas bases o tribunal, la escurridiza técnica para valorar con justicia el mérito y la capacidad, la tensión entre lo reglado y la discrecionalidad técnica, el diseño de tribunales calificadores adecuados, la casuística de ejercicios y pruebas y los efectos de las sentencias sobre situaciones consolidadas entre otras interesantes cuestiones.
Ese territorio selectivo tan fértil en situaciones explica la necesidad de actualizar la presente obra con la jurisprudencia en sentido amplio, ya proceda del Supremo, o de las Salas territoriales o Nacional, que actúa de rompehielos defendiendo la legalidad frente a las inercias, ocurrencias y patologías del reclutamiento de empleados públicos.
La necesidad de actualización se tornaba perentoria ya que se ha producido el despertar del letargo de las convocatorias de los procedimientos selectivos tras la travesía del desierto que supuso la crisis económica sufrida durante casi una década.
De un lado, los procedimientos de consolidación para dar respuesta a las expectativas del personal temporal que, tras la crisis, ha prolongado muchísimo más su temporalidad; de otro lado, los procedimientos de promoción interna para dar respuesta a las lógicas demandas de incentivo profesional; y cómo no, las convocatorias de libre acceso para la legión de opositores que desean poner a prueba su mérito y capacidad y servir a la administración.
En este contexto de reverdecimiento de las convocatorias selectivas se ofrece esta edición, que “limpia, fija y da esplendor” a la primera versión y que añade contenidos frescos y actuales sobre la última jurisprudencia y particularmente en materias tales como el control de la discrecionalidad técnica, los procedimientos de funcionarización o consolidación, la subrogación de trabajadores, los interinos de larga duración, la plena indemnidad de aspirantes indebidamente postergados en sus derechos o las condiciones legales para ser funcionario.
Todo lo que sea aclarar los confines de la Ley y contribuya con los criterios jurisprudenciales al acierto de los procedimientos selectivos, será rentable en términos de seguridad jurídica y justicia. Espero que la cosecha de la mirada serena de un juez contencioso resulte útil a los funcionarios, letrados y ciudadanía en general.
En fin, aquí puede adquirirse como instrumento para ser un todoterreno jurídico en concursos y oposiciones o en Amarante Store.